La doctora Susana Di Sarli y Luis Goitea reclamaron que haya una respuesta desde el Estado a la situación de adolescentes.

"No sé cuáles son las instituciones que deben actuar, porque nunca las vi -dijo Di Sarli-. Yo hace 10 años que trabajo con estos chicos, incluso ya varios han muerto o están en la cárcel por matar a otras personas, pero nunca hubo respuestas. Nadie se preocupa, pese a que hay muchas instituciones que 'figuran' pero, llegado el caso, nadie hace nada. Si no, no habría tantos chicos en la calle".

La médica trabaja en el consultorio que funciona en Los Grillitos y comentó que el trabajo efectuado con los adolescentes ha sido "con lo poco que podemos hacer: reunirlos, tratar de hablarles, escuchar sus demandas. Ellos ahora piden un lugar donde reunirse, un taller para aprender y hacer algo que les dé la posibilidad de ganar algo de dinero".

Luis Goitea, empleado de Los Grillitos, aclaró en principio que sus opiniones son en carácter de vecino del barrio Pietrobelli: "Detrás de un chico inhalando pegamento hay toda una problemática, que la sociedad debe comprender y prepararse para dar una respuesta de contención. Debería haber talleres con psicólogos, asistentes sociales pero para eso el gobierno debe tomar cartas en el asunto.

Es un problema de años, pero a los pibes los marcamos y discriminamos, sin darles ninguna respuesta. Desde la institución venimos poniendo el hombro, los escuchamos, que para ellos es muy importante, pero no podemos hacer mucho más.

Tal vez entre Provincia y Municipio deberían coordinar las acciones, porque no podemos dejar a los chicos en estas condiciones".

También lamentaron los recientes hechos ocurridos en el barrio, en los que resultó asesinado un joven y por el que hay varios detenidos.

"En todo caso, no se ven los programas de prevención para evitar este tipo de hechos -coincidieron-. Así vamos a seguir lamentando hechos similares, mientras que a los lugares que llamamos nos dicen que no pueden hacer nada o directamente nos atiende un contestador automático".

Goitea lamentó que "en las campañas políticas todos hablen de los niños y los ancianos, pero después, en los hechos, no se hace nada. Tenemos que empezar a trabajar en este problema, porque cada vez se acrecienta más".

Finalmente, Di Sarli ratificó que desde el punto de vista médico, los daños causados por la inhalación de pegamento son progresivos e irreversibles: tampoco hay lugares de atención especializados para esta patología.

"Es un problema que no tiene solución -concluyó la entrevistada-. En Comodoro hubo dos personas que hicieron mucho por los chicos de la calle, fueron Corti y Mora: no sé qué apoyo tuvieron ni cómo se movieron, pero los chicos estaban contenidos. Después de ellos no hubo nunca más nada".

Una insuficiente lucha contra la pobreza y la exclusión

Jorge Walker y Roberto Llaiquel, integrantes del Grupo Pro Derechos de los Niños, advirtieron que la problemática de adolescentes en situación de extremo riesgo social se inscribe también entre las consecuencias de un modelo socio económico que genera pobreza y exclusión, lo que se ha potenciado por decisiones políticas de Provincia y Municipio que, años atrás, anularon programas para dar contención a los pibes.

Walker recordó que hubo programas y acciones para trabajar con los chicos de barrio Pietrobelli a principios de los '90, sobre un problema que no es nuevo sino que, peor aún, se agrava con el correr de los años.

Al referirse a la escena descripta por este diario en torno al consumo de pegamento, dijo que "tenemos que hablar sobre la violación de derechos que están sufriendo los chicos: así como el foco hoy es el barrio Pietrobelli, lo podemos ampliar a la ciudad, la provincia o el país.

Esto es leve frente a lo que pasa en las villas del Conurbano Bonaerense, en Gran Rosario o Córdoba. Debemos preguntar a quién alarma esto y cómo reclamamos que se cumplan los derechos".

Walker explicó que su pregunta apunta "a la gente que mira para un costado cuando estas cosas suceden y cuando se cierran programas de prevención como los iniciados en el '90.

Nosotros participamos de proyectos que tenían el apoyo de los gobiernos provincial y municipal, pero hubo políticas de ambos sectores, durante los gobiernos de Maestro y Guinle, que decidieron que con estos sectores de la población no debía hacerse prevención ni asistencia".

Respecto de la actualidad, recordó que la ley de Protección Integral 4.347 fija una cláusula de prioridad absoluta, en recursos humanos y económicos, para hacer cumplir los derechos de niños y adolescentes.

"Estos programas y planes son muy buenos, pero en este marco de realidad social y económica son solamente parches que van a atajar a dos, o tres o cincuenta pibes, pero el modelo sigue generando miles.

Mientras la política económica siga generando pobreza y exclusión social, como lo viene haciendo desde 1976 con la dictadura militar, se seguirán violando derechos humanos en el marco de una política genocida. Digo esto para no quedarnos en lo puntual, para ver el problema en un contexto más amplio".

"Inhalan pegamento junto a las instituciones para denunciar a una sociedad que no los protege".

Roberto Llaiquel recordó que durante los programas de prevención en la parte alta de barrio Pietrobelli, hubo respuestas claras de los pibes que fueron convocados a participar.

"Ellos responden cuando otros sectores de la comunidad se interesan en ellos, no por el problema que crean. El jurista chileno Cillero Bruñoll dice que a partir de la Convención, debemos dejar de rotular a los chicos por sus problemas y empezar a verlos como sujetos de derecho.

Lo que hoy se da en el Alto Pietrobelli, en las 1.311 o en las 1.008 y otros sectores de la ciudad y el país, son violaciones de derechos humanos de los chicos. Tan crudo como eso.

Y si nosotros no empezamos a cambiar la mirada, esto desemboca en una bomba de tiempo. No es casual que los chicos inhalen pegamento en el patio de una institución pública, o frente al Concejo Deliberante: los chicos están dando un mensaje, denuncian la falta de protección del adulto, de toda la sociedad para cuidar sus derechos".

Créditos:
Extracta del Diario Crónica