Rodrigo de la Cruz es representante de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que comprende a aborígenes de Perú, Guyana, Bolivia, Ecuador, Surinam, Venezuela y Colombia.

En Berlín, de la Cruz participa de una discusión sobre diversidad biológica y combate de la pobreza, organizada por el gobierno alemán y la ONU, donde intenta defender los derechos de las poblaciones indígenas a ser propietarios de sus recursos culturales y biológicos.

BBC Mundo conversó con de la Cruz sobre los temas abordados en el encuentro.

¿Qué problemas concretos quiere discutir en estas reuniones?

Tenemos un problema con los llamados derechos intelectuales.

Nuestros conocimientos son usados colectivamente y se transmiten de generación en generación; esto difiere mucho de cómo se ve en el sistema de patentes, nosotros queremos una propiedad colectiva, pero eso no existe dentro del sistema usual.

Desde ese punto de vista, hemos experimentado un avasallamiento de los recursos de los pueblos indígenas, hay gente que utiliza y comercia con los conocimientos de nuestras comunidades y nosotros no obtenemos nada de ello.  

¿A qué se refiere concretamente?

Por ejemplo, de las empresas farmacéuticas. Para que una farmacéutica descubra plantas que contengan un principio activo que pueda ser usado como medicina, para eso necesitarían experimentar con cientos de miles de variedades de plantas diferentes.

Los chamanes de nuestras comunidades conocen ya algunas plantas medicinales, que usan desde hace siglos, y que contienen principios activos.

Hemos tenido muchos casos en que algunos científicos de esas empresas que vienen a las comunidades haciéndose pasar por gente interesada en nuestra cultura o interesados en ayudarnos.

Interrogan a la gente, a los chamanes, se llevan nuestros conocimientos y luego los patentan en Estados Unidos.  

¿Podría darnos un ejemplo?

Por ejemplo un estadounidense se asentó en una comunidad en Ecuador y se llevó una planta que nosotros usamos, la ayahuasca y la patentó en Estados Unidos, como si él hubiera descubierto sus efectos.

Tuvo la patente por 10 años, luego hicimos un juicio y conseguimos suspendérsela, pero otra vez se la volvieron a dar, justamente porque hay un vacío legal con respecto a lo que nosotros queremos.

No existe un reconocimiento legal de la propiedad colectiva y generacional de conocimientos, que es por lo que estamos luchando ahora.

También ha pasado lo mismo con la planta Uña de Gato, que comenzaron a utilizar las comunidades de Bolivia y Perú, o con otra llamada Sangre de Dragón.

Es una política diseñada por las grandes multinacionales farmacéuticas.

Según esto, podría darse el caso que estos señores podrían limitar o incluso cobrar el uso de esas plantas en nuestras comunidades.  

¿Cual sería entonces el objetivo de las comunidades?

La idea es que las comunidades puedan disponer directamente del derecho de desarrollar esos medicamentos.

Nosotros no queremos ser empresarios, sino el poder compartir esos recursos con el resto de la gente, incorporar nuevos medicamentos a la farmacopea internacional, pero que sea reconocido como conocimiento de las comunidades indígenas y que tengamos una participación en sus beneficios.  

Estracta:

Escribe Sergio Correa, desde Alemania, para BBC Mundo. (Miércoles, 18 de junio de 2003 - 21:27 GMT )