Como puede, la gente paga hoy los servicios. Las entidades de defensa del consumidor confían en bloquear los aumentos en la justicia, para ampliar la discusión y redefinir contratos.

Pedro Buceti, integrante de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), dijo ayer que la justicia rechazará el aumento de las tarifas de los servicios públicos y advirtió que la discusión que proponen las entidades de defensa apunta a renegociar los contratos de las empresas, evaluando si han cumplido las inversiones que debían realizar y el elevado nivel de rentabilidad que obtuvieron durante la convertibilidad.

En una entrevista con este diario, el referente de la entidad nacional manifestó que esa renegociación está prevista por la ley de emergencia pública 25.561, la que el gobierno ha obviado al modificar por decreto dos de sus artículos, posibilitando el incremento de tarifas de electricidad y gas.

"Queremos llevar la discusión a lo que marca esa ley, que es la renegociación de los contratos y que este gobierno no va a hacer, porque nunca tuvo la decisión para renegociar", expresó Buceti.

Al exponer la posición de los defensores de los consumidores y usuarios, dijo que en esa renegociación habría que discutir si las empresas cumplieron las metas fijadas por contrato, por ejemplo para expandir inversiones:

"La mayor parte del país carece todavía de gas natural y los sectores más carenciados deben pagar 20 pesos por una garrafa de GLP -graficó-, que el año pasado costaban 8 pesos. No hay regulación y el Estado no interviene en esto".

La postura de DEUCO se basa en que servicios como el gas y la electricidad son esenciales para la vida humana, por lo que el Estado debe ver la posibilidad de acceso de todos los sectores sociales, especialmente de aquellos sumidos en la indigencia, que hoy están excluidos de tales prestaciones.

"Todo esto es lo que debe discutirse y no sólo una suba unilateral de las tarifas", añadió el entrevistado.  

Revisión de ganancias de las privatizadas

En ese marco, también debería revisarse el nivel de rentabilidad de las compañías prestadoras de servicio durante la década de los '90, según el planteo de DEUCO.

La referencia es a un trabajo elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que determinó elevados niveles de ganancia indebida en varios sectores (unos 9.000 millones de dólares, según el estudio dirigido por el economista Daniel Azpiazu), a partir de la aplicación de indexaciones en base al índice de inflación de Estados Unidos, cuando en Argentina no había tal componente.

"Esto pasó con todos los servicios -dijo Buceti-, porque fueron modificando las condiciones originales de los contratos. Se formularon los cuadros tarifarios, con alta regresividad, es decir afectando a los sectores de menores recursos".

En igual sentido, añadió que el corte de energía del 24 de noviembre, que afectó a 14 provincias del país, ocurrió porque el sistema de prevención estuvo mal diseñado, sin ser sometido a prueba.

Con estos argumentos, el foro que nuclea a las entidades defensoras de consumidores irá a plantear la ilegalidad de los aumentos y a proponer una discusión que incluya no sólo el interés de las compañías, sino de los ciudadanos argentinos.

"Es un debate en el que debe participar toda la sociedad y ustedes en Comodoro Rivadavia no deberían quedarse mirando, ya que el sur del país es uno de los proveedores de energía y combustibles.

Hay una discusión que abarca incluso a todo Latinoamérica, a partir del cambio que ha empezado por Brasil. Es un tema que involucra a toda la sociedad civil, porque se trata de recursos estratégicos, vitales", concluyó.  

Fuente:
Diario Crónica (02/02/03)