Hay mercenarios que trabajan para el Pentágono, pero se hacen llamar contratistas militares privados. Dicen que son legales, pero no rinden cuentas a nadie; entrenan ejércitos y grupos armados que han cometido crímenes atroces.

La siguiente nota puede permitir encontrar una explicación a las exportaciones ilegales de armas que desde la Argentina se hicieron en días de Carlos Menem.

Con la guerra contra el terrorismo en marcha desde hace un año y la creciente probabilidad de un enfrentamiento bélico con Iraq, la moderna versión de una práctica antigua –tan antigua como la guerra misma– está ganando terreno por sus propios fueros en el Pentágono.

Los mercenarios, como alguna vez fueron conocidos, están prosperando; ahora reciben el nombre de contratistas militares privados, y algunos incluso son subsidiarios de las 500 compañías de Fortune.

El Pentágono no puede ir a la guerra sin ellos. A menudo dirigidos por oficiales militares retirados, entre los que hay generales de tres y cuatro estrellas, los contratistas privados representan la nueva cara del negocio de la guerra.

Situados en una línea borrosa que no distingue entre lo militar y lo civil, proveen a los soldados en activo: desde apoyo logístico hasta entrenamiento en el campo de batalla y asesoría militar tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.

Algunos conducen ejercicios de entrenamiento con pertrechos cargados para las tropas estadounidenses asentadas en Kuwait, con el código Desert Spring.

Otra empresa ha sido contratada para proteger al presidente Hamid Karzai de Afganistán, blanco de un intento reciente de asesinato.

Otros tienen empleados que visten sus viejos uniformes para trabajar bajo contrato como reclutadores e instructores militares que seleccionan y entrenan a la próxima generación de soldados.

En los confines más remotos del planeta, los contratistas privados van a donde el Pentágono prefiere no ser visto. En los años recientes, han enviado a sus empleados a Bosnia, Nigeria, Macedonia, Colombia y otros lugares conflictivos del mundo.

Estas compañías –alrededor de 35 en los Estados Unidos–, favorecidas tanto por oportunistas como por políticos, necesitan permiso del Gobierno para competir en el negocio.

Algunas tienen nombres familiares, como Kellogg Brown & Root, una sucursal de la compañía Halliburton que opera para el Gobierno estadounidense en Cuba y en Asia Central.

Otras tienen nombres más crípticos como DynCorp; Vinell, una sucursal de TRW; SAIC; ICI de Oregon, y Logicon, unidad de Northrop Grumman. Una de las más conocidas, MPRI (antes conocida como Military Profesional Resources Inc.), se jacta de tener "más generales por pie cuadrado que el Pentágono".

Durante la guerra del Golfo Pérsico en 1991, por cada 50 personas en el campo de batalla había un civil estadounidense bajo contrato; cuando los esfuerzos se encaminaron a preservar la paz en Bosnia en 1996, la proporción de contratistas era de uno por cada 10.

Nadie sabe a ciencia cierta las dimensiones de esta industria secreta, pero algunos expertos militares estiman el mercado global en US$ 100.000 millones. Las empresas públicas que tienen contratistas militares privados poco informan de ello a sus propios accionistas.

"Los contratistas son indispensables –señala John J. Hamre, subsecretario de Defensa de la administración Clinton–. ¿Habrá más en el futuro? Sí, y no solamente se encargarán de la cocina en campaña".

Esto significa más negocios y beneficios para los contratistas que desempeñan tareas tan mundanas como el mantenimiento de las barracas de las tropas de ultramar, tan sofisticadas como los sistemas de armamento en operación o tan secretas como los grupos de inteligencia asentados en África.

Muchos operan cerca o incluso en las líneas de combate próximas, lo que provoca inquietud entre los estrategas militares, en particular por su seguridad y por el compromiso cuando comiencen los tiroteos.  

Bajo la mesa

El uso de contratistas militares incita a reflexionar sobre otro tipo de problemas. En tiempos de paz, pueden actuar como un ejército secreto fuera del escrutinio público. En tiempos de guerra, mientras desempeñan funciones cruciales para el combate, no son propiamente soldados.

No están obligados a cumplir órdenes o a seguir los códigos militares de conducta. Su obligación legal depende solamente de un convenio laboral, no de su país.

Los contratistas militares privados están desalojando a los traficantes de drogas en Colombia y transformando a las paupérrimas milicias de las naciones africanas en máquinas de guerra. Cuando un embargo de armas de la ONU limitó las acciones de los militares estadounidenses en los Balcanes, se enviaron en su lugar contratistas militares privados para entrenar a las fuerzas locales.

En ocasiones los resultados han sido desastrosos. En Bosnia, los empleados de DynCorp fueron descubiertos cuando operaban una red que obligaba a jóvenes mujeres a prostituirse después de que les confiscaban sus pasaportes.

En Croacia, grupos locales entrenados por MPRI pusieron en práctica lo que aprendieron para llevar a cabo uno de los peores episodios de "limpieza étnica", un evento que dejó más de 100.000 desplazados y cientos de muertos, y que derivó en la acusación de crímenes de guerra. Ningún empleado de estas compañías ha sido acusado por los incidentes.

En Perú, el año pasado, un contratista militar privado derribó una avioneta en la que viajaba una misionera estadounidense con su hijo porque confundió la nave con una de contrabando de droga.

MPRI puede proporcionar el mejor ejemplo de cómo oficiales retirados calificados sacan provecho de su entrenamiento militar. La nómina de la empresa incluye al general Carl E. Vuono, ex jefe de las fuerzas armadas que encabezaron la invasión a Panamá y la Guerra del Golfo; el general Crosbie E. Saint, ex comandante del Ejército de Estados Unidos en Europa, y el general Ron Griffith, ex vicejefe de las Fuerzas Armadas.

También hay docenas de generales de alto rango jubilados, un almirante y ex militares que sobrepasa las 10.000 personas, incluso fuerzas especiales de élite, pendientes de ser llamadas y listas para ser asignados en algún puesto.

"Podemos tener en 24 horas a 20 personas calificadas en la frontera de Serbia –asegura el teniente general Harry E. Soyster, vocero de MPRI y ex director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa–. El Ejército no puede hacer esto, pero los contratistas sí".

Por eso MPRI paga bien. Su ingreso supera los US$ 100 millones al año, gracias principalmente a contratos con el Pentágono y con el Departamento de Estado.

El personal militar retirado que trabaja para MPRI recibe de dos a tres veces su salario en el Pentágono, además de beneficios por retiro y otros que brinda la corporación, como participación en las acciones de la empresa y otros 401 proyectos.

Los fundadores de MPRI se volvieron millonarios en julio de 2000, cuando vendieron la compañía en US$ 40 millones en efectivo a L-3 Communications, un contratista militar que aprovechó la Bolsa de Valores de Nueva York.  

Directo a la alcancía

En el medio militar, el uso de contratistas es una política del Departamento de Defensa para llenar los huecos que deja la caída del número de tropas. Los funcionarios del Pentágono no atienden muchas llamadas telefónicas ni conceden entrevistas, pero sostienen que los contratistas son un medio efectivo de extender el alcance militar cuando el Congreso y la opinión pública estadounidenses se niegan a pagar más soldados.

"La principal razón para emplear a un contratista es que permite ahorrar en tropas y éstas pueden concentrarse en el combate –dice el coronel Thomas W. Sweeney, un profesor de logística estratégica del Colegio Militar en Carliste, Pensilvania–. Es más barato porque sólo se paga a los contratistas cuando se les utiliza".

Pero el mecanismo de economizar en el costo de un empleado puede convertirse en "alquiler de armas", como señala David Hackworth, un ex coronel que con frecuencia critica al Ejército.

"Estos nuevos mercenarios trabajan para los departamentos de Estado y de Defensa, y el Congreso se hace el de la vista gorda –afirma Hackworth, un veterano de Vietnam con altas condecoraciones–. Es una situación muy peligrosa, pues nos permite participar en batallas donde estaríamos reacios a enviar al Departamento de Defensa o a la CIA. El contribuyente estadounidense está pagando por nuestro propio ejército mercenario, el cual viola lo que nuestros padres fundadores pregonaron".

No son, sin embargo, mercenarios en el sentido tradicional del término. La mayoría de los contratistas militares privados (no todos) están desarmados, aun cuando vigilan a los que portan armas. Incluso crearon un grupo comercial, la Asociación Internacional de Operaciones de Paz, con el objeto de promover estándares en la industria.

"No queremos arriesgarnos a perder contratos al ser llamados mercenarios –señala Doug Brooks, presidente de la asociación–. Pero con un perfil bajo podemos lograr cosas y mantener la boca cerrada".

Algunos críticos dicen que esto es parte del problema. Al utilizar soldados que trabajan por lucro, el Gobierno, en particular el Ejecutivo, puede evadir los límites que el Congreso impone para el número de tropas. Por ejemplo, en Bosnia, donde se estableció un tope de 20.000 soldados, la incorporación de 2.000 contratistas contravino esa restricción.

Los mercenarios también permiten al Gobierno cumplir sus metas de política exterior respecto de las guerrillas de baja intensidad extendidas por todo el planeta –a menudo alentadas por odios étnicos y un excedente de armas de la Guerra Fría– sin llamar el temido interés que se genera en los medios de comunicación cuando los cadáveres de soldados estadounidenses regresan a casa en bolsas de plástico. Sólo algunos miembros del Congreso han expresado su preocupación por el fenómeno.

MPRI, que tiene 900 empleados de tiempo completo, ayuda a dirigir la Escuela de Administración de la fuerza Armada en Fort Belvoir, provee instructores para clases de entrenamiento avanzado en Fort Leavenworth, enseña en la Patrulla Civil Aérea y diseña cursos para Fort Still, Fort Knox, Fort Lee y otros centros militares.

El Pentágono incluso ha contratado a MPRI para que lo asista en la redacción de doctrinarios, incluido el manual titulado Asesoría de contratistas en el campo de batalla, que establece normas sobre cómo el Ejército debe interactuar con ellos.  

Mercenarios en acción

En el extranjero, MPRI es, si cabe decirlo, más activa. Con un programa denominado "Transición a la democracia", la compañía ha ofrecido a países como Nigeria, Bosnia, Arabia Saudita, Taiwán, Ucrania, Croacia y Macedonia entrenamiento en operaciones militares al estilo estadounidense, que incluyen simulacros, instrucción militar y capacitación en el uso de armamento.

En Croacia, monitoreó información confidencial en la frontera a principios de la década del 90. En 1994, cuando USA advirtió el pésimo estado de las fuerzas croatas y su escasa habilidad para mantener la estabilidad regional, recurrió a ella. Un embargo de la ONU en 1991, aprobado por USA, prohibió la venta de armamento o el suministro de entrenamiento a cualquier partido con fines bélicos en los Balcanes. Pero, en cambio, el Pentágono recomendó al ministro de Defensa de Croacia que acudiera al MPRI.

En 1995, ya contratada comenzó a enseñar a los inexpertos las tácticas militares del Ejército de EU que los ejecutivos de la empresa habían desarrollado mientras estaban en servicio activo y comandaban la invasión en la Guerra del Golfo. Meses más tarde, armado con este nuevo entrenamiento, el Ejército cr oata emprendió la Operación Tormenta, uno de los más sangrientos episodios de "limpieza étnica" en los Balcanes, un acto que reconfiguró el balance militar en la región. "Ningún empleado de MPRI desempeñó un papel en la planeación, el monitoreo o la asistencia en la Operación Tormenta", dice Harry E. Soyster, vocero de MPRI., y añade que algunos croatas graduados del curso de entrenamiento impartido por la compañía participaron en la operación. Sin embargo, lo acontecido en Croacia les dio reconocimiento internacional y más negocios en la región. Cuando en 1995 los musulmanes bosnios se rebelaron a la firma de los Acuerdos de Paz de Dayton, sin temer que su ejército estuviera mal pertrechado para protegerse, llamaron a MPRI. Actualmente esta compañía que se anuncia como una fuerza especial para operaciones antiterroristas, ha incrementado su participación en el entrenamiento de fuerzas estadounidenses en Kuwait y busca instructores especializados en entrenamiento básico y contrainteligencia. Hace poco, sin embargo, perdió un contrato por US$ 4,3 millones cuando funcionarios del Ejército colombiano se quejaron de la pobre calidad de sus servicios. En África, MPRI dirigió los programas de entrenamiento en materia de seguridad para cerca de 120 líderes y más de 5.500 soldados en el continente.

En fechas recientes obtuvo el permiso, luego de un pleito con el Departamento de Estado, para hacer negocios en Guinea Ecuatorial, país con un récord deplorable de violaciones de los derechos humanos y en donde USA no tiene embajada.

Ésta no es la única compañía que ha sorteado dificultades en el extranjero. DynCorp, una empresa administrada con discreción en Reston, Virginia, y con ventas anuales por unos US$ 2.000 millones, fue contratada para ofrecer protección al presidente Karzai en Afganistán. También presta este tipo de servicios en todo el mundo a empleados del Departamento de Estado.

En septiembre pasado, DynCorp logró cancelar las multas –por una suma no revelada– luego de que un delator despedido reveló que empleados de esa empresa administraban una red de prostitución en Bosnia. En agosto, una corte británica, a su vez, falló a favor de otro ex empleado de DynCorp en un caso más de despido por delación. La compañía está apelando dicha resolución.

Incidentes como éstos –redes de prostitución, arreglos con dictadores, entrenamiento militar mal empleado y accidentes trágicos– despiertan dudas sobre el empleo de contratistas. ¿A quién le rinden cuentas? ¿Al Gobierno de USA o a sus contratos? Cuando tales incidentes ocurren, ¿quién asume la responsabilidad? Por otra parte, mientras el sentimiento general sobre la privatización de las operaciones militares es que ahorra dinero, pocos estudios sustentan esta afirmación, y de hecho hay reportes que indican lo contrario.

Cuestiones sobre seguridad y control son aún más esenciales. En el campo de batalla un comandante no puede dar órdenes a un contratista como lo haría con un soldado. Los contratistas no están obligados por un juramento solemne como lo está cualquier soldado; su compromiso depende de un convenio laboral poco flexible. Tampoco están sujetos al código de uniforme de la Justicia militar.

Los contratistas no pueden armarse, pues correrían el riesgo de perder su estatus de no combatiente y, en caso extremo, ser declarados como mercenarios y sujetos de ejecución si son capturados.

Con todo, en la Guerra del Golfo los contratistas estuvieron en lo más reñido de la batalla suministrando mantenimiento a tanques, excipientes químicos y biológicos, así como soporte aéreo. El tema de discusión es comenzar a generar alguna atención en los círculos militares.

"Nosotros, hasta cierto punto, borramos las fronteras", admitió en una entrevista el coronel de la Fuerza Aérea, Steven J. Zamparelli. En un artículo de 1999 para la Revista de Logística de la Fuerza Aérea, Zamparelli afirmó: "El Departamento de Defensa se está jugando la victoria militar futura en las funciones operativas desempeñadas en el campo de batalla por los contratistas".

Otras voces en el Ejército son más enfáticas sobre el efecto que estas contrataciones tienen en los soldados. "¿Estamos, en última instancia, negociando su sangre para ahorrarnos un monto relativamente insignificante del presupuesto nacional?", se preguntó la teniente coronel de la Fuerza Aérea Lourdes A. Castillo, experta en logística, en un artículo publicado hace dos años en la Revista sobre el Poder del Aeroespacio. "Si este grandioso experimento emprendido por nuestros líderes nacionales fracasa en tiempos de guerra, las consecuencias serán inimaginables".  

Crédito:

Por Leslie Wayne, Cambio, Ciudad de México, DF. Publicada en Urgente24.info (11/12/2002)