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Los abogados municipales perdieron otro juicio
 


Asesor letrado municipal, Norberto Massoni.

El juez Gustavo Sanca inauguró su año de trabajo tironeando de las orejas a los asesores legales del municipio. Se expidió sobre un juicio que la comuna había iniciado en agosto de 2000 en reclamo de 219.098,92 pesos adeudados por el concesionario del primer piso de la Terminal, Ricardo Cifuentes.

Sanca declaró la caducidad de instancia. Al parecer, el asesor letrado municipal, Norberto Massoni, y la doctora Nélida León de Escribano dejaron olvidado en algún cajón sin nombre el expediente y cuando lo encontraron, quisieron retomar las armas contra Cifuentes, pero ya era tarde.

Sanca fijó en 15 mil pesos los honorarios de Francisco Romero, quien patrocinó a Cifuentes. Se trata de un nuevo caso sobre cómo una demanda iniciada por el Estado puede volverse en su contra; es decir, en contra de los contribuyentes.  


El tiempo es oro

La frase resonó miles de veces en los oídos de Massoni y la integrante del staff municipal que lo acompañó en la demanda contra Cifuentes.

Pero, al parecer, por repetición no siempre se fijan las ideas. Los abogados cometieron una tardanza, una distracción lesiva para la justicia y ahora la corporación municipal deberá pagar 15 mil pesos al abogado que patrocinó a un moroso.  


"Debe, pero no tanto"

El juicio fue iniciado en agosto de 2000. Massoni y Escribano pretendían que Ricardo Cifuentes, concesionario del primer piso de la Terminal de ómnibus, abonara al municipio 219.098,92 pesos adeudados en concepto de varios rubros.

Cabe decir que el patrocinante de Cifuentes entiende que buena parte de la deuda se genera por servicios que el municipio no venía brindando en su debida forma, como la seguridad y la limpieza, y en razón de los «abultados cánones» establecidos por la concesión.

Francisco Romero advirtió, además, que el primer piso de la Terminal se concesionó «con la promesa de que se trasladaría el Tribunal de Faltas», donde están situados los baños que aún hoy no tienen a su disposición los clientes de la confitería.

También señaló que los contadores municipales no tuvieron en cuenta las comidas que distintos funcionarios saben reclamar sin cargo en la confitería de Cifuentes o «los agasajos que organiza la Secretaría de Gobierno».

Estas eran algunas de las salvedades que Romero planteó en las negociaciones que su cliente mantenía con el municipio, previas al inicio de la demanda.  


"Un olvido caro"

La primera intimación llegó a manos de Cifuentes el 1 de setiembre de 2000. En su contestación, el 12 de octubre, su abogado advierte que se reconocerá sólo parte de la deuda, interponiendo los argumentos antes descriptos y otros.

A partir de entonces debieron transcurrir cerca de 10 meses para que Massoni y Escribano se acordaran de aquella demanda que habían iniciado alguna vez contra aquel moroso de apellido Cifuentes. Recién el 26 de agosto de 2001 los abogados municipales contestaron las excepciones planteadas por Romero e informaron sobre la inclusión de nueva documentación al expediente.

El 29 de agosto Romero contestó el traslado pero, a su vez, planteó un incidente de caducidad de instancia. «La municipalidad había incumplido con la obligación de activar el proceso en el plazo que establece el código, que son 3 meses. Decimos, en definitiva, que ha perdido el interés en el juicio y que lo tuvo cerca de un año parado», precisó Romero ayer a El Patagónico.

El último 1 de febrero, el juez Gustavo Sanca, dictó la sentencia 01 de 2002, la primera del año, declarando la caducidad de instancia y regulando los honorarios profesionales de Romero en la suma de 15 mil pesos, y de los abogados actuantes por la municipalidad en la suma de 10 mil.  


Para agendar

Massoni y Escribano tal vez no reclamen sus honorarios al municipio. Y tal vez sí recuerden que, si ayer fueron notificados sobre la sentencia, tienen 7 días hábiles para apelarla. Hoy, el contrato del que goza Cifuentes está vencido. El municipio inició un juicio para desalojarlo, pero a nombre de Cifuentes siguen llegando las facturas del municipio por la concesión.

Para Romero, ello convalida a su cliente a continuar haciendo uso de ese espacio, y dijo que Cifuentes se ajustaría de aquí en más a saldar aquellas cuentas que vayan llegando mes a mes, dado que el monto real de la deuda nunca pudo ser dilucidado.  


Estracta:

Diario El Patagónico. (12/02/02)
 



 
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