La máquina contratada por la comuna derribó, a las 15:30, tres de las precarias construcciones realizadas con chapas y otras con bloques de cemento, que aún no estaban habitadas.

Mientras, a las familias que estaban presentes y que edificaban otras cuatro viviendas más compactas, el secretario de Gobierno, Daniel Notaro, les comunicó la «intimación» para que se retiren del lugar porque «están ocupando ilegalmente» esta zona que es en sí misma la terraza de un cerro.

Ya desde la semana pasada, la supervisora de Tierras del municipio, Pamela Pérez, y el subsecretario de Gobierno, Juan José Naves, les había informado a estas familias que debían retirarse de estas propiedades fiscales sin parcelar porque «es un acto ilegal», y, además, porque ese sector está ubicado «en el radio de seguridad que debe delimitarse ante la construcción de la avenida de circunvalación».

La usurpación ilegal comenzó hace un año en esta área y ello puede observarse porque existen pequeñas viviendas en superficies altas, pero en estas últimas semanas se observó un creciente «demarcado» con estacas en más de 60 superficies.

Justamente la semana pasada 40 familias bolivianas fueron a pedir propiedades al edificio municipal. Allí les contestaron que la entrega se rige por una ordenanza vigente.

Luego la Subsecretaría de Gobierno realizó las denuncias correspondientes en el Juzgado de Instrucción N º 1. «Y hoy nos constituimos dadas estas condiciones para intimar a estas personas al desalojo», dijo Pérez.

En cuanto a las casas ya techadas, al no poder derribarlas, la determinación de desmontarlas y desalojarlas quedará en manos de la Fiscalía.

En una de estas viviendas sin techar, un matrimonio se negó a salir, y desde el umbral increpó a los funcionarios: «¿Qué solución nos van a dar? ¿Nos van a dar otro terreno para vivir?».

Para acompañar este reclamo, un grupo de dirigentes del FUT-PO también intervino con duras palabras al secretario de Gobierno, Daniel Notaro, quien acudió al lugar para explicar casa por casa que «la Municipalidad está cumpliendo con todos los pasos legales que corresponden, porque se están ocupando ilegítimamente las tierras fiscales».
 

Prioridades

Según Pamela Pérez, existen cerca de dos mil solicitudes de terrenos en el municipio desde el año 2000. «Estamos entregando terrenos por orden de prioridad, tal como lo establecen los instrumentos legales, de acuerdo a un sistema de puntaje, cuyos valores más altos los tienen los nacidos y criados en Caleta, y luego en orden decreciente, de acuerdo a los años de residencia aquí», explicó.

Aseguró que actualmente se están haciendo dos loteos nuevos para adjudicar, uno de 80 terrenos en Vista Hermosa y el otro de 160 en barrio Nuevos Pobladores. «Estos serán entregados a los nacidos y criados, pero de acá a fin de año es decisión del intendente adjudicar 400 nuevos terrenos».

A todo esto, el Departamento Ejecutivo emitió un informe de prensa dando cuenta de que no avalará «el delito de usurpación ni regularizará la situación de aquellas familias que ya se han instalado en dicho lugar».
 

Entre lo legal y lo humanitario

Hay un aspecto social que no se puede dejar de lado. Tal es el caso de centenares de personas que vinieron hace pocos años desde Bolivia, a través de la cadena de parientes, para trabajar en las plantas procesadoras de pescado.

Los relatos de quienes suplican compungidos un lugar digno para vivir esclarecen más la situación: «No nos quieren alquilar porque tenemos hijos»; «me alquilan una piecita donde vivimos siete personas»; «los alquileres no bajan de los quinientos pesos y ¿cómo doy de comer a mis hijos?».

La señora Meneses, a quien se le ordenó que derribara las paredes que había empezado a construir, contó con lágrimas: «mis hijos nacieron en Caleta, y acá nadie te ayuda, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar?».

Una menuda mujer que estaba cocinando afuera sobre una fogata, fue visitada por las autoridades comunales, con la intimidante presencia de patrulleros y el comisario, en el umbral de su casa de maderas. Cargaba por la espalda a su pequeño hijo, a la manera andina, con dos mantas tejidas.

Asustada ante la conminación dada por las autoridades a retirarse, «en el plazo más breve posible», y sacar sus enseres, que consistían en un colchón, frazadas y algunos utensilios, la mujer comenzó a llorar y a preguntar a todos: «¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago?».

Las autoridades buscaron la manera menos dolorosa de explicarles que hay un límite legal para lo que estaban haciendo, e incluso una asistente social municipal les tomaba notas de sus realidades para buscarles una contención desde el Estado.  

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Publicado en el Diario El Patagónico (19/09/07)